Buxus denuncia

El Ayuntamiento de Motril está tramitando el cambio de uso de la finca Villa Astrida, en Playa Granada, de uso residencial a hotelero

El ayuntamiento está tramitando el cambio de uso de la finca Villa Astrida, en Playa Granada, de uso residencial a hotelero:120 habitaciones en edificios de bajo más dos plantas. De este modo se pasa de los 2500 m2 construidos a 25.000m2. Una zona que, a nuestro entender, debería recuperarse para el dominio público se consolida y aumenta su edificabilidad. Ahora nos contarán el cuento de los empleos, el desarrollo, etc, etc. ¿Qué opinan los propietarios de los suelos hoteleros situados justo al lado y que llevan pagando IBI durante años en espera de su desarrollo?¿Qué opinan los vecinos de la zona?¿Qué opinamos nosotros, que perdemos dominio público y que tenderemos que pagar de nuestros bolsillos la regeneración de las playas o los diques? Nuestra alternativa: hacer los que dice el PGOU, construir los hoteles justo al lado, donde marca el plan, y recuperar este jardín como atractivo turístico pagándolo con el 10% del desarrollo urbanístico. Aquí nuestras alegaciones:

La vigente Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas fija entre sus objetivos la preservación del litoral español e incluye como medidas para su efectiva protección la imposibilidad de realizar nuevas construcciones o incrementar los volúmenes de edificación en las construcciones existentes situadas en el interior de la zona de servidumbre de protección. Pretende la ley intervenir así en la protección del dominio público marítimo terrestre e impedir el incremento de este tipo de actuaciones en la costa.
La finca de Villa Astrida y el conjunto de edificaciones de su entorno constituyen un buen ejemplo de lo que la ley pretende evitar. Fue construida ocupando la playa, y posteriormente fue “regularizada” mediante la modificación del trazado de la línea de deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre que realiza un cambio de trazado para excluir la zona construida, ajustándose al límite exterior de la finca. De igual forma, se redujo la obligada franja de 100 metros de la zona de servidumbre a tan solo 20 metros amparándose en la excepcionalidad de su naturaleza urbana recogida en la ley de 1988. Lo mismo ocurre con la zona de servidumbre de paso que se encuentra ocupada por los muros perimetrales de la edificación.
Es claro que la finca objeto de este expediente constituye una excepcionalidad urbanística, consolidada, pero contraria a los criterios de preservación del litoral que inspira la Ley de Costas. En este sentido, esta norma impide el incremento de los volúmenes, alturas o superficies de la edificación existentes y la construcción de nuevas edificaciones dentro de la zona de servidumbre todo ello para proteger la costa de los impactos más graves y de los efectos de la erosión, que se agravará por la acción del cambio climático, y evitar destinar recursos económicos públicos a proteger bienes privados, tal y como ocurre con el trasvase de arenas en este momento.
Por tanto, la actuación de la Administración, de acuerdo con la ley, debe ser preservar el DPMT e impedir la consolidación de actuaciones urbanísticas en su interior, devolviendo el espacio público a los ciudadanos.
La actuación que se plantea choca frontalmente con estos principios, proponiendo no solo el mantenimiento de la anomalía actual sino incrementar sustancialmente la superficie urbanizada (de 2500 m2 a 21.000m2) así como los volúmenes y alturas de edificación, incluso por encima de las construcciones situadas en el entorno (Bajo más dos plantas).
De nuevo, la Administración urbanística municipal lejos de intervenir en la salvaguarda del interés general, lo hace amparando esta intervención, obviando la presencia a escasos metros de varios mies de metros cuadrados de suelo clasificado con uso hotelero que esperan ser desarrollados. La Administración local opta de nuevo, como viene siendo habitual en este municipio, por no desarrollar el planeamiento y favorecer un urbanismo a la carta, repleto de cambios puntuales a criterio del inversor.
Por otro lado y, desde el punto de vista de la evaluación ambiental, cabe indicar que:
1. No es cierto que no existan incrementos de la edificabilidad como se indica y que no existe incremento en el consumo de agua. No se han evaluado los efectos de la acción erosiva del litoral que afecta a esta zona y que ya ha consumido inversiones millonarias en su sostenimiento, y su agravamiento por los efectos del cambio climático. La Ley de Costas indica que los proyectos de obras deben incorporar una evaluación de los efectos del cambio climático en su artículo 44:
1. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen, y con sujeción a las normas generales, específicas y técnicas que apruebe la Administración competente en función del tipo de obra y de su emplazamiento.
2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta.
Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra, en la forma que se determine reglamentariamente.
2. Cabe referirse a la inconsistencia del análisis de la alternativa 0, ya que la no construcción de este hotel no representa ningún efecto negativo sobre la economía o el empleo en la zona, pues su efecto queda sobradamente compensando por el desarrollo hotelero planificado y no ejecutado en los suelos existentes en el entorno más cercano que alcanzan a varios miles de metros cuadrados. En contraposición, la adquisición de estos suelos por el municipio y la apertura de los casi 25.000m2 de jardines al uso público, sin duda representaría un atractivo singular para los visitantes de la costa de Granada.
En suma, el proyecto representa un nuevo ejemplo de “Urbanismo a la carta”, tan extendido en nuestro litoral y especialmente en el municipio de Motril donde el planeamiento es un instrumento cuyo único objeto es ser modificado en provecho de los sectores de la población con mayor influencia económica. Desde el punto de vista ambiental y de salvaguarda del Dominio Público la actuación es inaceptable, y desde el punto de vista económico genera incertidumbre sobre los derechos de los propietarios de suelos ya clasificados con este destino.